Mercado dominical de Herrera del Duque


El próximo día 2 de septiembre, tendrá lugar en la calle La Feria de Herrera del Duque, el mercadillo dominical que como viene siendo habitual se celebra todos los primeros domingos de cada mes.

VI Feria de Turismo, Caza y Pesca (CITUR)


Pablo Guerrero actuará en Puebla de Alcocer el 8 de Septiembre


Un plan de 21 millones impulsa el emprendimiento en los pueblos


No solo del campo viven los pueblos extremeños. Por ello, para fomentar el emprendimiento rural en cualquier ámbito los Grupos de Acción Local (GAL) cuentan con una nueva convocatoria de ayudas destinadas a los pequeños inversores de los pueblos.

En concreto, los 24 GAL repartidos por la geografía extremeña tienen en sus manos, con esta nueva línea de ayudas, 21,79 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), principalmente, pero también del Gobierno central y la Junta de Extremadura, que en anteriores convocatorias han servido para poner en marcha imprentas, centros de fisioterapia, fábricas de embutidos, casas rurales, tiendas de moda, peluquerías,… así como para la modernización o ampliación de otros negocios rurales o impartir cursos formativos que faciliten el empleo.

Son solo algunos de los ejemplos de iniciativas que han prosperado en algunos gracias a la gestión de estos Grupo de Acción Local, según explicó ayer el director general de Desarrollo Rural, José Luis Gil Soto. “En un momento como este es muy importante que se absorban todos estos fondos, aunque tenemos el temor, no obstante, de que en esta situación donde no fluye el crédito y los inversores privados son reticentes a lanzarse, los fondos pudieran no absorberse por entero”, señala. Precisamente por las dificultades para acceder al crédito bancario y encontrar líneas de subvenciones en una época de recortes en la Administración, Gil Soto considera que es “una magnífica ocasión para nuestros pueblos y una garantía de desarrollo por la que apuesta la Junta”.

Con estos 21 millones este año, que prevén que se incrementen un 20% para el próximo año, están abiertas nueve convocatorias de ayudas para captar inversores privados en los municipios. En el periodo 2009-2013 se han presupuestado 120 millones de euros para este fin, que con las aportaciones privadas, de los emprendedores, al final del ejercicio –que se prorrogará hasta 2015 porque debía haber comenzado en el 2007– se convertirán en 184 millones de euros. Hasta el momento, ya se han abierto 103 convocatorias, que han supuesto 90 millones de euros de inversión total y 50 de ayuda pública con la creación de 550 puestos de trabajo y la consolidación de 1.860 empleos.

Los 24 Grupos de Acción Local, repartidos por la geografía extremeña, son Campiña Sur (cuysa sede se ubica en Azuaga), La Serena (Castuera), La Siberia (Herrera del Duque), Aprodervi (Cañamero), Arjabor (Navalmoral de la Mata), Adicover (Cuacos de Yuste), Soprodevaje (Navaconcejo), Diva (Hervás), Ceder Cáparra (Poblado del Pantano de Gabriel y Galán), Adic-Hurdes (Caminomorisco), Adisgata (Hoyos), Adesval (Coria), Ademe (Cañaveral), Tagus (Casar de Cáceres), Sierra de San Pedro-Los Baldios (Valencia de Alcántara), Adecom Lácara (Puebla de la Calzada), Adismonta (Torre de Santa María), Adicomt (Miajadas), Adevag (Valdivia), Fedesiba (Villafranca de los Barros), Zafra-Río Bodión (Zafra), Aderco (Olivenza), Adersur (Jerez de los Caballeros) y Cedeco Tentudía (Monesterio). “Estos grupos son las antenas para elevar los proyectos que encajan en su estrategia rural al Gobierno”, señaló Gil Soto.

11 plantas renovables deben elaborar planes de emergencia antes de un año. La de Talarrubias es una de ellas.


Once industrias extremeñas, dedicadas a la energía termosolar, deben contar con planes de emergencia exterior en el plazo de un año. Este documento técnico es el protocolo para prevenir y actual ante cualquier riesgo que pudiera haber para la población en la que ubican en el caso de producirse algún accidente en las industrias en las que se trabaja con sustancias peligrosas para la población. Estas son: las termosolares Extresol III, situada en Torre de Miguel Sesmero; Ibereólica Solar de Olivenza; Solaben Electricidad II y III (ambas en Logrosán), Termosol Uno y Dos, ubicadas en Navalvillar de Pela, y Serrezuela Solar de Talarrubias y Bruma renovables de Valdecaballeros, además de las plantas de gas natural licuado de Navalvillar de Pela (dos) y Torre de Miguel Sesmero.

Para dar cumplimiento a esta obligación –que recoge el decreto 1254/99– de las industrias, el Diario Oficial de Extremadura publicó el pasado miércoles el concurso para la licitación de los planes de emergencia exterior en estas once industrias renovables por un importe de 67.032 euros (IVA incluido). Los documentos deben estar redactados y completados en su totalidad antes del 30 de junio del próximo año. En ellos se establecen las medidas de actuación y coordinación de los medios y recursos de la comunidad autónoma, de otras administraciones públicas y entidades públicas y privadas con el objeto de prevenir y mitigar las consecuencias de esos posibles accidentes sobre la población, el medio ambiente y los bienes que puedan verse afectados por el incidente. Las empresas interesadas en acogerse a este concurso deben presentar sus proposiciones antes del 6 de septiembre.

Mancomunidades que funcionan a dos velocidades


El colapso económico que sufren las mancomunidades extremeñas comienza a generar un sistema que se mueve a dos velocidades. La capacidad de acción de estas entidades está supeditada a los fondos que reciben de los ayuntamientos y la Junta y ante los cada vez más constantes retrasos en los pagos y convenios, mantener los 295 servicios públicos que prestan resulta complicado. Más aún tratando de hacerlo de forma igualitaria entre todos los municipios. Incluso pagar el sueldo a los trabajadores es difícil y en algunos casos como en la mancomunidad de La Siberia ya se adeudan dos nóminas y la paga extraordinaria de julio a todos los empleados.

Las Villuercas, Tajo-Salor, Valle del Ambroz, La Serena o Río Bodión son algunas de las que ya han mostrado su preocupación ante el retraso de los pagos, el recorte de los servicios o las inminentes reducciones de plantilla. El contexto político y la intención del Gobierno de suprimirlas tampoco ayuda. “Hay una gran incertidumbre. Nosotros dependemos de los pagos de la Junta y los ayuntamientos y no sabemos qué ocurrirá mañana” explica el presidente de la Mancomunidad de La Siberia, Pedro Ledesma. Los retrasos de las cuotas han hecho que a los empleados de esta mancomunidad se les adeuden dos nóminas y la paga extraordinaria de verano. Incluso dejaron de prestar el servicio de ayuda a domicilio porque los fondos que la Junta destinó en un primer momento –finalmente ha confirmado que no hará aportación– eran insuficientes. Y lo mismo ha ocurrido con los programas de familia, el de prevención de riesgos laborales o el de drogodependencia. Ninguno de ellos se presta ya en las localidades de Esparragosa de Lares, Garbayuela, Garlitos, Talarrubias o Casas de Don Pedro. También se prescindió de la oficina de consumo y del agente de inserción laboral. En conjunto, la merma en los servicios que presta solo esta agrupación de municipios se ha traducido en la pérdida de más de una quincena de empleos. Pero la incertidumbre y el miedo es común entre los más de 1.900 extremeños que viven de estas entidades.

“El debate no es mancomunidades sí, mancomunidades no; ayuntamientos sí o ayuntamiento no; el debate es servicios públicos sí o ser públicos no”, recalca Santos Jorna, secretario de Ordenación del Territorio, Sostenibilidad y Mancomunidades del PSOE. Como alcalde de Arroyo de la Luz, Jorna avala los problemas que sufren las mancomunidades, que cada mes se agravan con más retrasos en los pagos, y culpa directamente a la política de “acoso y derribo” que el PP ha iniciado contra esta administración. “Las mancomunidades no tienen fondos propios. Se mantienen de los fondos de la Junta y si hay retrasos en los pagos, es porque la Junta se retrasa también”, insiste Jorna.

Para tratar de solucionar el problema de los retrasos y sobre todo, el generado a raíz de los convenios no renovados como el de ayuda a domicilio que han llevado a la administración municipal al colapso por el adelanto de los fondos, la Federación de Municipios y Provincias está actuando de mediador entre los ayuntamientos, mancomunidades y la Junta

Batalla judicial del PSOE y PP por una multa a un edil en Herrera del Duque


La expulsión de un pleno, acompañado por la policía local, y posterior sanción de 300 euros a un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Herrera del Duque se ha enconado de tal modo que del enfrentamiento verbal habitual en una sesión plenaria entre el grupo popular y el PSOE, que gobierna el municipio, se ha pasado a una batalla judicial.

El Partido Popular formulará a principios de septiembre un recurso contencioso administrativo contra la resolución del alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, por la sanción que impuso al edil del PP Enrique Carpio, al que ha abierto expediente sancionador “por desobediencia a la autoridad”, explicaba ayer el alcalde, desobediencia que, según el edil popular consistió en intentar hablar en el pleno cuando tenía el turno de palabra el portavoz del PSOE, ya que, según Carpio, éste había hecho alusión a un asunto personal de su trabajo anterior “y pedí la palabra para defenderme porque el reglamento lo permite”.

El alcalde tiene una versión muy distinta del origen del conflicto. Según dijo, no está dispuesto a consentir “actitudes de este tipo” que provoquen altercados entre el numeroso público que llena el salón de plenos de forma habitual.

Según Alcázar, “y están las actas del pleno para quien quiera comprobarlo”, mandó a callar tres veces al concejal del PP, pero el edil, “en una actitud muy beligerante”, insistió en hablar cuando no era su turno.

Para el Partido Popular de Badajoz, la gravedad del asunto está en la sanción de 300 euros porque la multa, según explicó el portavoz Juan Manuel Sánchez, es una demostración de abuso y de arbitrariedad, hablando en términos legales; “no se ajusta a derecho”, puesto que “no se dan”elementos “objetivos” ni “subjetivos” para que “a un concejal se le imponga una sanción por la expulsión de un pleno”.

El alcalde calificó este enfrentamiento de “muy triste” pero que no permitirá que se repita.

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