Mancomunidades que funcionan a dos velocidades


El colapso económico que sufren las mancomunidades extremeñas comienza a generar un sistema que se mueve a dos velocidades. La capacidad de acción de estas entidades está supeditada a los fondos que reciben de los ayuntamientos y la Junta y ante los cada vez más constantes retrasos en los pagos y convenios, mantener los 295 servicios públicos que prestan resulta complicado. Más aún tratando de hacerlo de forma igualitaria entre todos los municipios. Incluso pagar el sueldo a los trabajadores es difícil y en algunos casos como en la mancomunidad de La Siberia ya se adeudan dos nóminas y la paga extraordinaria de julio a todos los empleados.

Las Villuercas, Tajo-Salor, Valle del Ambroz, La Serena o Río Bodión son algunas de las que ya han mostrado su preocupación ante el retraso de los pagos, el recorte de los servicios o las inminentes reducciones de plantilla. El contexto político y la intención del Gobierno de suprimirlas tampoco ayuda. “Hay una gran incertidumbre. Nosotros dependemos de los pagos de la Junta y los ayuntamientos y no sabemos qué ocurrirá mañana” explica el presidente de la Mancomunidad de La Siberia, Pedro Ledesma. Los retrasos de las cuotas han hecho que a los empleados de esta mancomunidad se les adeuden dos nóminas y la paga extraordinaria de verano. Incluso dejaron de prestar el servicio de ayuda a domicilio porque los fondos que la Junta destinó en un primer momento –finalmente ha confirmado que no hará aportación– eran insuficientes. Y lo mismo ha ocurrido con los programas de familia, el de prevención de riesgos laborales o el de drogodependencia. Ninguno de ellos se presta ya en las localidades de Esparragosa de Lares, Garbayuela, Garlitos, Talarrubias o Casas de Don Pedro. También se prescindió de la oficina de consumo y del agente de inserción laboral. En conjunto, la merma en los servicios que presta solo esta agrupación de municipios se ha traducido en la pérdida de más de una quincena de empleos. Pero la incertidumbre y el miedo es común entre los más de 1.900 extremeños que viven de estas entidades.

“El debate no es mancomunidades sí, mancomunidades no; ayuntamientos sí o ayuntamiento no; el debate es servicios públicos sí o ser públicos no”, recalca Santos Jorna, secretario de Ordenación del Territorio, Sostenibilidad y Mancomunidades del PSOE. Como alcalde de Arroyo de la Luz, Jorna avala los problemas que sufren las mancomunidades, que cada mes se agravan con más retrasos en los pagos, y culpa directamente a la política de “acoso y derribo” que el PP ha iniciado contra esta administración. “Las mancomunidades no tienen fondos propios. Se mantienen de los fondos de la Junta y si hay retrasos en los pagos, es porque la Junta se retrasa también”, insiste Jorna.

Para tratar de solucionar el problema de los retrasos y sobre todo, el generado a raíz de los convenios no renovados como el de ayuda a domicilio que han llevado a la administración municipal al colapso por el adelanto de los fondos, la Federación de Municipios y Provincias está actuando de mediador entre los ayuntamientos, mancomunidades y la Junta

Detenido un anciano que dejó morir de hambre a 8 animales


Lejos quedan los tiempos en que dejar morir a un animal quedaba impune. Un ejemplo lo encontramos esta semana en Talarrubias, donde la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local del pueblo, ha detenido a un vecino de 77 años acusado de matar de hambre a ocho de sus animales. El anciano está acusado de un delito de abandono y maltrato animal.

Las investigaciones y gestiones desarrolladas por los agentes permitieron localizar a varios animales en “evidente estado de abandono” y otros muertos. El pasado lunes, tras la inspección de la explotación, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local hallaron una yegua, un potro, tres cabras y tres ovejas muertos y, además, encontraron dos ovejas y cuatro cerdos con evidentes síntomas de abandono e inanición. Los animales carecían de agua y de comida suficiente para alimentarse. Por estos motivos, los agentes han detenido al propietario de esta explotación.

Los animales vivos han sido retirados por operarios del Ayuntamiento de Talarrubias y con el resto se ha seguido el protocolo que establece la legislación vigente para los cadáveres, con la supervisión y autorización del veterinario. Las diligencias junto con la detención de este vecino de Talarrubias han sido puestas a disposición de los juzgados de instrucción de Herrera del Duque.

El delito de maltrato animal está tipificado en el artículo 337 del Código Penal. Castiga a quien “por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud”. Este precepto encuadra tanto la comisión por acción como por omisión, esto es “descuidar dolosamente las condiciones de movilidad e higiene del animal”, causándole sed, hambre, frío, insolación, o dolor considerable. La pena es de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Este jueves y viuernes, la Siberia Extremeña está en alerta naranja por temperaturas de hasta 40 grados


En esta línea, el centro de emergencias ha recomendado a la población evitar la exposición al sol en las horas centrales del día así como tomar mucho líquido ligeramente azucarado y salido como el té frío y el agua de limón.

De igual modo, ha aconsejado a los ciudadanos no consumir bebidas alcohólicas y prestar especial atención a las personas más vulnerables como los enfermos, los ancianos y los niños, vigilando su grado de hidratación. En cualquier caso ha señalado que en caso de emergencia se debe llamar al 112.

Jueces desmemoriados


Cuatro juzgados de Trujillo, Herrera del Duque, Mérida y Don Benito tienen desde hace más de tres años entre sus asuntos causas relacionadas con la exhumación de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil. En todos los casos las reclamaciones duermen el sueño de los justos, según denuncian las asociaciones y colectivos interesados en la recuperación de la memoria histórica. Y ello a pesar de que el Tribunal Supremo determinara que son los juzgados territoriales y no la Audiencia Nacional los competentes sobre la apertura de las fosas.

La actitud cuando menos indolente de los jueces para con este tipo de casos es incomprensible en un Estado de Derecho, máxime cuando este comportamiento contrasta con la natural diligencia e interés de los juzgados ante los hallazgos de caulesquiera otros restos humanos, como bien señalan los responsables de las asociaciones.

A la luz del Derecho no se entienden el espíritu de escasa o nula colaboración de los órganos jurisdiccionales correspondientes ante las demandas de los familiares de las víctimas de la contienda del 36. La excusa de la prescripción dada por los jueces para no atender las demandas, de ser cierta como señalan las asociaciones, es tan atrabiliaria que no resiste un mínimo análisis, puesto que ninguno de los familiares está buscando en la exhumación de los restos de sus antepasados otra cosa que la dignidad del enterramiento, algo tan básico y tan civil que, mientras no se consiga, lo que no prescribirá es el fantasma de los dos Españas. Y ya es hora de que lo haga. Que la justicia contribuya a ello y no lo entorpezca es lo mínimo exigible.

La concertada, pendiente de la tijera


La enseñanza concertada también mira con lupa las medidas de ajuste anunciadas para ahorrar en la educación pública, en la que la Junta de Extremadura incluye a la concertada, puesto que recibe dinero público.

El sector teme recortes de unidades concertadas para el próximo curso ante el aumento de la ratio en las aulas. “Además de incidir negativamente sobre la calidad de la enseñanza y las condiciones de trabajo del profesorado, seguramente se incrementará la relación media de alumnos por unidad escolar que cómo mínimo deben mantener los centros privados concertados en las distintas etapas educativas”, apunta la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada en Extremadura.

Y con el aumento de la ratio, la supresión de varias unidades, puesto que centros concertados de Arroyo de la Luz, Coria, Llerena, Miajadas, Montánchez, Montemolín, Talarrubias, Trujillo, Valencia de Alcántara, Valverde de Leganés o Valdivia no alcanzan de media los veinte alumnos por aula en ninguna de las etapas que imparten. Especialmente destacable es el caso de cada centro concertado que hay en Montánchez y Montemolín. El primero tiene de media ocho alumnos en Infantil y 8,33 en Primaria, y el segundo se mantiene con 9,66 alumnos Infantil y 10,12 en Primaria.

La alcaldesa no piratea Canal Plus


En un pueblo que apenas sobrepasa los 700 habitantes hay muchos mayores y, que se sepa, una de sus aficiones favoritas son los toros. Julia Sánchez, alcaldesa socialista de Helechosa de la Montes entre 2003 y 2011, quiso que sus vecinos que acudían al Hogar del Pensionista de esta localidad de La Siberia no se quedaran sin saborear los naturales de Alejandro Talavante, las banderillas de Antonio Ferrera o la entrega casi lunática de José Tomás en cada faena. Por eso, el Ayuntamiento contrató Canal Plus. El problema es que durante unos días la señal de la televisión de pago se vio gratuitamente en otras zonas del pueblo porque se activó de forma general un descodificador. La ahora exalcaldesa fue denunciada y ahora una juez la ha absuelto.
Esa es la historia resumida de un proceso que durante tres años ha mantenido imputada a Sánchez y para la que, entre Fiscalía y la acusación particular, Canal Satélite, pedían entre las dos una indemnización sobresaliente: 95.025,8 euros, esto es, casi 16 millones de las antiguas pesetas. Además, el canal reclamó al juzgado la imposición de una pena de dos años de prisión.
Desde 2006, el Consistorio helechoseño se abonó a Canal Plus para que disfrutasen de su programación los mayores del Hogar del Pensionista. Sin embargo, parece que durante algunos días -dos en concreto, subraya la ex primer edil- la señal fue visible en otros puntos del pueblo, aunque no todos, para gente que no era abonada. Un concejal del PP, según admitió en un pleno, se lo dijo a la empresa y ésta puso la denuncia contra la alcaldesa en 2009. «Quiero pensar que lo hizo por una rabieta pero desde luego la denuncia no tenía ni pies ni cabeza. El repetidor del pueblo lo lleva una empresa y es ella la encargada de su mantenimiento. El Ayuntamiento no tenía nada que ver en esto», señala Sánchez.
Relato
Pero el ‘Plus’ no se creyó que se hubiese producido un fallo técnico y menos que la alcaldesa no tuviese ni idea del asunto. La operadora de televisión dijo al juzgado que desde junio de 2006, por orden de la regidora, se conectó al repetidor de señal de la televisión propiedad del Ayuntamiento el descodificador que había sido contratado por el Hogar del Pensionista para su uso privado. Gracias a ese invento, los vecinos de Helechosa tenían supuestamente acceso libre a los contenidos de la cadena privada. Así podían ver no solo las corridas de toros sino por ejemplo los partidos del Barça o del Madrid y las películas de Spielberg sin ni ser abonados del canal. En realidad, no eran todos los vecinos porque en no todos los hogares de la población se pudo ver.
El asunto llegó al juzgado de lo Penal de Don Benito con Julia Sánchez imputada por un presunto delito de fraude en las telecomunicaciones. Por ese motivo, el fiscal pidió una indemnización de 14.055 euros en favor de Canal Plus y una multa añadida de 2.160 euros. Más reclamaba la empresa televisiva: 80.970,20 euros de indemnización y otros 18.000 euros en concepto de multa. Eso y los dos años de cárcel antes reseñados.
La juez Lourdes Fidalgo absuelve a la exalcaldesa. «No ha quedado debidamente acreditado que la imputada hubiera desviado de forma voluntaria, intencionada, real y efectiva el Canal Plus para que fuese visible de forma generalizada en la localidad, ni tampoco que el descodificador fuera capaz de permitir la visualización de la señal de televisión codificada», dice la sentencia, del pasado 23 de marzo, que es recurrible ante la Audiencia Provincial. El fallo judicial también corrobora la versión de Julia Sánchez de que una empresa de mantenimiento era la que debía velar por el funcionamiento del repetidor y de otros medios ubicados en una caseta municipal.
«Todo fue una rabieta de un concejal del PP. Me quedé alucinada por semejante historia»
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